La lucha contra el sicariato enfrenta un nuevo desafío: Oviedo admite la crisis
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta debido a la creciente crisis de seguridad en Bolivia. En mayo pasado, luego de una serie de asesinatos en Santa Cruz, presentó el Plan Halcón, comprometiéndose a una "lucha sin cuartel" contra el crimen organizado. Sin embargo, a cuatro meses de esa promesa, ahora admite que el problema del sicariato se ha intensificado.
Durante la presentación del Plan Halcón el 6 de mayo, Oviedo describió a Santa Cruz como el “epicentro” de los crímenes más violentos, y aseguró que el Gobierno no cesaría en sus esfuerzos para erradicar esos hechos. Sin embargo, la violencia ha persistido, con un recuento que revela más de diez asesinatos relacionados con sicariato tras la captura de Sebastián Marset, que se registraron en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.
Uno de los crímenes más notorios fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, que subrayó la influencia de las bandas criminales. El 2 de septiembre, Oviedo admitió ante los medios que "hay una ola de sicariatos, no lo vamos a ocultar", y anunció nuevas estrategias, incluyendo unidades de alto nivel en la frontera con Brasil y un refuerzo en la colaboración policial con países vecinos.
Las estadísticas indican que hasta el 3 de septiembre, se habían reportado 46 muertes en 37 incidentes de sicariato. Las autoridades explican que no todos los casos están vinculados al narcotráfico, y que muchos de ellos se deben a disputas entre organizaciones criminales en la lucha por el control de rutas hacia Brasil.
Las declaraciones de Oviedo, que pasan de prometer una ofensiva contra el sicariato a reconocer su perpetuación, han generado críticas. La cuestión ahora no solo es quién está detrás de los asesinatos, sino también si las estrategias del Gobierno están logrando resultados efectivos en la lucha contra la violencia.
Oviedo también ha señalado que gran parte de esta crisis es un legado de administraciones anteriores, argumentando que los recientes crímenes son el resultado de dos décadas de avance del narcotráfico y que Bolivia ha sido "perforada" por estas estructuras delictivas.
La situación plantea una interrogante crucial: si el Gobierno ya tenía conocimiento en mayo sobre el aumento del sicariato en Santa Cruz y lanzó un plan para abordarlo, ¿por qué cuatro meses después el propio ministro confiesa que la ola sigue vigente?