Estados Unidos identifica a tres ramas del Gobierno boliviano por narcotráfico y corrupción
Recientemente, Estados Unidos dio a conocer una lista que restringe visas a 15 ciudadanos bolivianos, incluyendo autoridades y exautoridades del Órgano Judicial, Legislativo y Ejecutivo, particularmente aquellos conectados con la seguridad y la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción.
Entre los sancionados se encuentran los diputados Rafael López de Alianza Libre y Rolando Pacheco de Alianza Popular, además del ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien renunció tras la difusión de la lista, y el juez Julio Nelson Alba.
La lista también menciona a exfiscales como Julio Porras y al exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Barboza, así como a exjefes policiales y un civil relacionado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El portavoz del Gobierno, José Luis Gálvez, declaró que la administración de Rodrigo Paz no protegerá a nadie involucrado en la lista y que aquellos en posiciones de gobierno que aparecieron en la nómina ya han sido destituidos o renunciaron. Gálvez enfatizó que las investigaciones deben ser llevadas a cabo de acuerdo a la legislación nacional.
Reacciones en el ámbito judicial y legislativo
Entre las primeras repercusiones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ha sugerido la renuncia de Quezada y Alba, instándoles a colaborar con las investigaciones sin privilegios. Quezada presentó su renuncia a ambos cargos poco después de esta recomendación.
Desde el Legislativo, el vicepresidente Edmand Lara solicitó al Ministerio Público que investigue a los dos diputados mencionados y que se evalúe su remisión a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Rafael López manifestó que esperará información oficial antes de comentar sobre los motivos de la restricción, mientras que Rolando Pacheco atribuyó la decisión a intereses políticos y mostró disposición para enfrentar cualquier investigación.
La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado.
La inclusión de Diego Barboza ha generado inquietud en el Senado, donde Branko Marinkovic subrayó que su reciente salida del puesto y el acceso a información sensible por parte de la UIF hacen que este caso sea particularmente delicado.