SOCIEDAD

Se promulga ley para facilitar pasajes aéreos solidarios para pacientes críticos

Óscar Quisbert · 21 Oct, 2026

Se promulga ley para facilitar pasajes aéreos solidarios para pacientes críticos

El 20 de octubre de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1780, que tiene como objetivo garantizar el acceso a pasajes aéreos solidarios, tanto nacionales como internacionales, para pacientes que enfrentan cáncer, enfermedades terminales o están en estado crítico. Esta ley facilitará su traslado a otras ciudades para recibir la atención médica necesaria.

El acceso a estos beneficios estará sujeto a la presentación de un certificado de salud emitido por la autoridad sanitaria más cercana. Además, contempla la inclusión de un acompañante para el cuidado del paciente y de hasta dos acompañantes cuando se trate de menores de edad.

Obligaciones de las aerolíneas y acceso al beneficio

Las aerolíneas, tanto públicas como privadas, tendrán el deber de reservar los espacios necesarios en sus vuelos para los pacientes y sus acompañantes, garantizando una atención adecuada durante el traslado. Además, deberán emitir los boletos con antelación a las fechas de las consultas médicas, evitando rechazar solicitudes sin justificación.

Para acceder a los pasajes solidarios, los pacientes deben presentar un certificado médico, que no tendrá requisitos excesivos para su validación. Una vez verificado, las aerolíneas deben procesar los boletos necesarios para el traslado a los centros de salud.

La ley también prevé incentivos fiscales para las aerolíneas que proporcionen estos pasajes. El costo de los boletos se considerará un gasto deducible para el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), aunque los beneficiarios deberán hacerse cargo del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos aplicables.

Las aerolíneas que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta norma enfrentarán sanciones. Asimismo, cualquier irregularidad en los certificados médicos será reportada al Ministerio Público para iniciar acciones legales contra los implicados.

Finalmente, la ley establece un plazo de 30 días tras su publicación para que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Salud y Deportes, desarrolle la reglamentación necesaria para su implementación efectiva.