Responsabilidades por ‘gasolina basura’ salpican a Arce y Paz
Carlos Alarcón, diputado y parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de la 'gasolina basura', indicó que el informe preliminar sugiere responsabilidades que abarcan tanto a autoridades de la administración de Luis Arce como a funcionarios del gobierno actual.
Este documento será debatido en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá el rumbo de la investigación que indaga sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados con su suministro.
El legislador mencionó que entre los nombres citados en el informe se encuentran el expresidente Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, y también exdirigentes de YPFB como Wilson Dorgathen, resaltando que es evidente la responsabilidad de ambas administraciones.
Alarcón sostuvo que cualquier intento de modificar o desestimar las conclusiones del informe debe estar bien justificado, dirigiéndose especialmente a la presidenta de la comisión, la diputada Ximena Arispe, a quien cuestionó sobre la gestión del documento.
Uno de los aspectos más críticos mencionados por Alarcón es el contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen, que fue objeto de varias modificaciones. Este contrato, que se extendió por una quinta enmienda en diciembre de 2025, coincidió con el levantamiento de la subvención a los combustibles, lo cual, según el diputado, debió haber sido la ocasión para cancelar el contrato y buscar mejores opciones.
La ampliación de este contrato, que se mantiene vigente hasta el 30 de junio de 2026, es vista por Alarcón como un factor que contribuyó al escándalo de la 'gasolina basura', que afecta directamente a la economía boliviana al vincularse con la principal empresa estatal del sector hidrocarburos.
El diputado también criticó que el informe haya estado sin tratamiento durante cerca de un mes desde que fue enviado a la Presidencia de la Cámara Baja, sugiriendo que esto se hizo para minimizar su perfil.
Ahora, el documento deberá ser evaluado por el pleno, que tendrá la responsabilidad de decidir si procede establecer responsabilidades políticas o administrativas, mientras el debate sobre la gestión de contratos de combustible vuelve a cobrar importancia, especialmente con los efectos que tiene en el costo de vida de los bolivianos.