Nuevo régimen de diésel busca estabilizar precios y erradicar subvenciones

Con la implementación del nuevo precio para grandes consumidores de diésel, Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, ha analizado las implicaciones del Decreto Supremo 5676, que busca regular un precio ya existente en el mercado negro y eliminar la subvención al combustible.

Velásquez destaca que, en medio de protestas y bloqueos, el costo del litro de diésel alcanzó hasta 30 bolivianos en el mercado negro, forzando a muchas personas a adquirirlo a esos precios exorbitantes. Esto ha llevado a quienes dependen del diésel para sus actividades económicas a optar por pagar más y evitar que sus vehículos permanezcan inactivos.

El analista sostiene que el decreto busca regular el precio del diésel, al tiempo que suprime la subvención, y considera que es fundamental sincerar los precios y mejorar la disponibilidad de divisas en un país que ha incrementado sus importaciones de combustibles. Resalta que la caída en la producción nacional, que se ha venido observando durante los últimos diez años, es un problema estructural que debe ser atendido ajustando los precios.

Para abordar de manera integral el problema del suministro de combustible a mediano y largo plazo, Velásquez sugiere que es necesaria una nueva Ley de Hidrocarburos. A su vez, menciona que desde julio de este año, el decreto 5644 autoriza a empresas privadas a importar y comercializar combustibles a precios de mercado, aunque esto no ha dado resultados esperados debido a la falta de dólares en la economía.

Condiciones para mejorar el abastecimiento de combustible

• Logística adecuada, incluyendo carreteras despejadas y transporte eficiente
• Disponibilidad de dólares en la economía para facilitar la importación de combustibles
• Establecimiento de precios reales, un aspecto en el que el decreto 5676 está progresando

Las organizaciones agropecuarias han expresado su rechazo al decreto que elimina la subvención al diésel para grandes consumidores, y lo catalogan como una medida discriminatoria por parte del Gobierno, lo que podría provocar protestas adicionales.