Intervención de YPFB: El Gobierno toma el control temporal
El Ejecutivo nacional ha decidido implementar una intervención temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un lapso de hasta 180 días. Esta medida surge por las deficiencias detectadas en sus operaciones y busca optimizar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
La intervención, formalizada a través del Decreto Supremo 5697, fue aprobada el 1 de septiembre y establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión será responsable de supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
El periodo de intervención podrá extenderse una única vez por 90 días más, si se justifica que las causas que motivaron la intervención persisten. Sin embargo, también existe la posibilidad de que finalice antes de los 180 días si se logran resolver las deficiencias identificadas.
El decreto fundamenta esta acción en las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", lo que representa un riesgo para la seguridad energética y el interés público.
La comisión estará conformada por ministros de varios sectores, como Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será mejorar las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.
Entre las funciones de la comisión se incluye la recomendación de auditorías técnicas para detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles. Además, se evaluarán los procesos de importación, almacenamiento y distribución, con el fin de identificar responsabilidades y proponer mejoras.
El personal de YPFB estará obligado a proporcionar toda la información que la comisión solicite, en los plazos establecidos. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear responsabilidades administrativas o penales.
Finalmente, el decreto aclara que la intervención no requerirá fondos adicionales del Tesoro General, ya que los gastos serán cubiertos con los presupuestos de las instituciones que integran la comisión.