Gobierno y Gobernadores Alinean Fuerzas para Fortalecer las Autonomías Departamentales
Este miércoles, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país se reunieron en Sucre para firmar el Acuerdo 001/2026, el cual inicia la Agenda 50/50. Este ambicioso plan tiene como objetivo principal fortalecer las autonomías en los departamentos a través de reformas en la distribución de recursos y la gestión fiscal.
Uno de los compromisos destacados en este acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que se encargará de diseñar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Esta ley busca establecer consensos durante la actual gestión legislativa, con la intención de implementar el nuevo modelo a partir de la gestión fiscal de 2027.
Además, el acuerdo incluye la evaluación de estrategias para extender la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto podría implicar la reclasificación de bases imponibles que actualmente son administradas por el gobierno central, así como la creación de nuevos tributos dentro del marco constitucional y la modificación de la Ley 154, que regula la Clasificación y Definición de Impuestos. Este proyecto deberá estar listo en un máximo de 90 días.
En cuanto a la gestión presupuestaria, las partes acordaron revisar las normativas que condicionan el uso del gasto departamental. Se buscará eliminar gradualmente aquellas disposiciones que financian obligaciones del gobierno central o de instituciones que han dejado de existir. Además, se explorarán formas para que las gobernaciones tengan mayor autonomía en la elaboración de sus presupuestos, aunque el gobierno nacional mantendrá el control sobre los agregados fiscales.
El documento también hace hincapié en la necesidad de revisar las normativas que han limitado o modificado las atribuciones constitucionales de los gobiernos departamentales. Se considerarán ajustes en las transferencias fiscales, tomando en cuenta criterios de sostenibilidad, equidad territorial y corresponsabilidad.
Por otro lado, la Agenda 50/50 prevé el impulso de normativas que faciliten las alianzas entre el sector público y privado desde las gobernaciones, así como cambios en la Ley 699 para mejorar su relación internacional. También se estudiarán fondos de compensación y se planea la transferencia gradual de instituciones públicas que puedan ser administradas por los gobiernos departamentales, además de ofrecer medidas de alivio financiero como reprogramaciones de deudas.
El Gobierno se comprometió a brindar apoyo técnico a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones deberán aportar información para la elaboración de propuestas consensuadas. Asimismo, se llevarán a cabo reuniones con municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el fin de integrar estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.