Gobierno busca soluciones ante posible bloqueo en Yapacaní por decreto de diésel

Este martes, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, junto al vicepresidente de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacut, se trasladaron a Yapacaní, ubicada a aproximadamente 124 kilómetros de Santa Cruz, con el objetivo de prevenir el bloqueo de la carretera hacia Cochabamba, que fue anunciado como respuesta al Decreto Supremo 5676.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios, donde se discutió la reciente medida que incrementó el costo del diésel de Bs 9,80 a Bs 18 por libro para los grandes consumidores, lo que, según los productores, afecta seriamente la producción.

Durante el encuentro, Paredes propuso tres acciones prioritarias: asegurar el suministro de diésel en las áreas productivas, apoyar un proyecto para la instalación de una refinería en Yapacaní y acelerar la aprobación de una estación de servicio que lleva más de dos años esperando.

El viceministro resaltó que la provisión de diésel será controlada para prevenir su desvío hacia actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. También se comprometió a enviar una o dos cisternas para evaluar la distribución en las proximidades de los campos de producción.

Paredes reconoció la necesidad de modificar el decreto, afirmando que es necesario contar con precios de diésel más competitivos. Anunció que se elaborará una nueva norma que permita a más sectores participar en la importación de combustibles, fomentando así la competencia.

El alcalde de Yapacaní, Juan Ramos Alanís, expresó que los productores prefieren buscar una solución negociada. "Nadie quiere bloquear, pero si la situación lo exige, tomarán esa medida", indicó, añadiendo que si se llega a un acuerdo, el bloqueo "no debería ser necesario".

La negociación se desarrolla con un fuerte despliegue de seguridad, que incluye la presencia de policías y militares de la Octava División del Ejército, quienes están equipados para controlar posibles disturbios y asegurar el libre paso en la zona.

Este operativo se lleva a cabo en el marco del estado de excepción decretado el 20 de junio y que durará hasta el 20 de septiembre, el cual prohíbe bloqueos y limita concentraciones masivas no autorizadas por los ministerios correspondientes.