El Senado aprueba que el Gobierno asuma pagos de prediarios y bonos de vacunación para reclusos

La Cámara de Senadores ha dado luz verde a una normativa que establece que el Gobierno central se encargará del pago de los prediarios de los reclusos y del bono de vacunación, lo que significa que las gobernaciones ya no tendrán que asumir estos costos.

La ley, conocida como Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, también señala que no se podrán realizar débitos automáticos ni transferencias de recursos para estos fines. Además, establece que la responsabilidad del financiamiento de los diplomas de bachiller pasará al ámbito del Estado central.

Esta decisión responde a una solicitud constante de las Gobernaciones, que han manifestado en varias oportunidades su preocupación por la transferencia de estas obligaciones sin el apoyo financiero necesario. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, había enfatizado la necesidad de que los ministerios de Gobierno, Salud y Educación asuman estas responsabilidades.

Desde 2005, bajo la Ley 3302, las gobernaciones habían sido asignadas la tarea de pagar los prediarios, el bono de vacunación, así como becas universitarias y contrapartes para proyectos de riego y electrificación. La nueva ley ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación.

Diego Ávila, presidente del Senado, destacó que esta norma busca devolver al nivel central las competencias y recursos que durante años fueron trasladados a las autonomías, considerándolo una medida justa.

Entre las obligaciones que serán financiadas por el Tesoro General de la Nación, se incluyen los costos del prediario, los gastos del Régimen Penitenciario, así como otros beneficios del sector salud y becas universitarias. Se aclara que la participación de los gobiernos departamentales en proyectos de riego y electrificación se definirá a través de convenios intergubernativos, detallando los aportes y responsabilidades de cada parte.

Esta medida también responde a la situación crítica que enfrentan las gobernaciones, debido a la notable disminución en la producción y exportación de gas, lo que ha generado un déficit que ha sido objeto de preocupación por parte de estas entidades.