El nuevo proyecto de Ley de Inversiones enfrenta críticas por sus contradicciones
El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha emitido serias críticas al nuevo proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno, destacando seis aspectos que plantea como problemáticos y que podrían generar confusión sobre la aplicación de la norma.
Uno de los puntos más controversiales es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), junto con el tiempo establecido de 120 días para elaborar un Plan de Inversiones. Velasco se pregunta acerca de las funciones que tendrá esta entidad en ese periodo y su efectividad.
Asimismo, ha expresado su preocupación respecto a los incentivos económicos y fiscales que se ofrecerán a las empresas transnacionales. A su juicio, el proyecto no incluye obligaciones mínimas relacionadas con la inversión, la generación de empleo, la transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país.
En cuanto a las exenciones tributarias, Velasco critica las ventajas en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), advirtiendo que estas medidas podrían llevar a una disminución de los ingresos fiscales sin contar con mecanismos de compensación claros.
El analista también señala que el nuevo marco legal podría facilitar a las empresas extranjeras la transferencia de utilidades y dividendos al extranjero, sin establecer niveles mínimos de reinversión en Bolivia o procedimientos que garanticen el retorno de dólares provenientes de las exportaciones.
Finalmente, Velasco cuestiona la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, sugiriendo que el proyecto podría permitir que el Ejecutivo ratifique contratos sin seguir los lineamientos que la Constitución establece para la aprobación de contratos estatales. Además, critica que el proyecto permita al Gobierno usar fondos públicos para financiar programas de crédito y garantías hacia el sector privado, lo que considera problemático en un contexto de déficit fiscal.