ECONOMÍA

El Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales

Rubén Larico · 10 Sep, 2026

El Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales

El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en la fase de reestructuración del sector empresarial estatal, analizando la viabilidad de cerrar, liquidar o transformar diversas empresas públicas que no logran ser sostenibles. Este proceso de evaluación podría afectar a entre ocho y diez empresas, tal como lo informó el Ministerio de Economía junto a la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).

Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se realizarán diagnósticos técnicos en cada empresa para decidir cuáles son viables y cuáles representan una carga económica para el Estado. El nuevo marco que establece el Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 facilita la reorganización, disolución y liquidación de las entidades públicas que no puedan sostenerse por sí mismas.

Este análisis se debe a la complicada situación financiera de muchas empresas estatales, que ha sido documentada por la OFEP, la cual señala que 15 de ellas están en quiebra técnica y han acumulado pérdidas cercanas a Bs 3.637 millones. Entre las empresas en problemas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

Además, como parte de esta reestructuración, se ha decidido reducir en Bs 3.800 millones los aportes de capital a estas empresas públicas, en un intento de disminuir el déficit fiscal del país. Espinoza aclaró que el objetivo no es cerrar empresas de forma automática, sino evaluar la mejor opción para cada una: ya sea mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o liquidarlas.

Dentro de las empresas que están bajo evaluación se encuentra una que se dedica a la producción de papas fritas en El Alto. Esta podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o asociarse con el sector privado, dependiendo de los resultados de la evaluación que se lleve a cabo.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir una estructura empresarial estatal que históricamente ha consumido recursos públicos sin generar los resultados esperados. A partir de ahora, se espera que las empresas demuestren su capacidad de sobrevivir sin ser una carga para el Estado.