Cristina Fernández apela a la ONU tras su condena en Argentina
La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, quien ocupó la presidencia entre 2007 y 2015 y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, ha decidido presentar una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta acción surge en respuesta a la sentencia que recibió, que la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
Fernández, que se encuentra en su residencia en Buenos Aires desde el 17 de junio de 2025, argumenta que durante el proceso judicial se violaron derechos fundamentales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En una carta abierta publicada en sus redes sociales, expresó su convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos debe ser un recurso en situaciones donde las instancias internas no protegen a los ciudadanos de abusos de poder.
La exjefa de Estado considera que su inhabilitación perpetua es una forma de proscripción y una manifestación de erosión democrática. "No hay tanques en las calles ni cierre del Congreso", mencionó, subrayando que, a pesar de la apariencia de funcionamiento institucional, la soberanía popular se ve amenazada por decisiones judiciales que limitan la participación política.
Cristina también relaciona su situación con una persecución de género, señalando la existencia de un "machismo estructural" en el sistema judicial argentino. En los últimos días, ha difundido una columna en medios internacionales como El País, Libération y Folha de S.Paulo, reiterando su defensa de la inocencia y la denuncia de la persecución judicial, así como su reclamación ante la ONU.
Para este miércoles, está programada una conferencia de prensa con sus abogados, Javier Borrego y Rafael Valim, quienes ofrecerán detalles sobre la estrategia legal respecto a la acción presentada ante las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos evaluará inicialmente la admisibilidad de la reclamación y, si la considera pertinente, solicitará información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento.
La causa conocida como 'Vialidad' es la que llevó a la exmandataria a ser condenada, indagando en irregularidades en la asignación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La condena fue ratificada el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso de la defensa.