Comunidades indígenas demandan al Gobierno frenar la minería en Madidi
Este jueves, indígenas de la Amazonía boliviana, acompañados por autoridades del municipio de San Buenaventura, hicieron un llamado al Gobierno para que se impongan restricciones a la minería en la zona, debido a los daños ambientales que podría causar esta actividad.
La solicitud fue presentada ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), junto al alcalde Antonio Felipe Mamani y el presidente del Concejo Municipal, Roberto Cartagena.
Canamari destacó que se pidió a la AJAM que se restrinja "de manera inmediata y permanente" toda actividad minera en San Buenaventura, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras que esto podría tener, como la remoción de suelos y la contaminación de fuentes de agua.
El dirigente indígena informó que hay más de 20 trámites mineros en curso en el municipio, y solicitó la suspensión inmediata de estos, enfatizando que la protección del hábitat natural es vital para la supervivencia de las comunidades indígenas.
Los pueblos indígenas de la región, como los tacanas, esse ejja y mosetenes, dependen de la recolección, caza y pesca, y han notado un incremento en la contaminación de sus ríos a causa de la minería ilegal, aunque actualmente no hay operaciones mineras activas en San Buenaventura.
Impactos de la minería en la región
La actividad minera, especialmente la minería aurífera, ha aumentado en la Amazonía boliviana, afectando zonas como Pando, Beni y el norte de La Paz, a menudo de forma ilegal, lo que ha llevado a la contaminación del agua y a inundaciones en comunidades cercanas durante las lluvias.
El alcalde Mamani también presentó a la AJAM una legislación municipal que declara a San Buenaventura como un territorio "libre de actividad y contaminación minera", buscando preservar su potencial turístico y su biodiversidad.
"Es necesario que no se otorguen derechos mineros en este territorio, ya que es la entrada principal al Parque Nacional Madidi".
El director de la AJAM, Jaime Sanabria, aseguró que la solicitud de los indígenas se someterá a un proceso técnico administrativo conforme a la normativa minera vigente.
Desde la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia, se criticó la falta de acción del Gobierno ante la minería ilegal, que se está llevando a cabo en condiciones precarias, y se instó a hacer cumplir las leyes en esta materia.
Los ingenieros señalaron que la mayoría de las cooperativas mineras están operando de manera ilegal, causando un daño ambiental significativo, y cuestionaron la complicidad de algunas empresas extranjeras en estas actividades.
La situación es alarmante, ya que solo un pequeño porcentaje de las cooperativas están trabajando legalmente, mientras que el 90% restante está involucrado en actividades que perjudican el medio ambiente y los intereses del país.