Avances en la importación y control de combustibles en Bolivia
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha implementado una intervención que ha reducido a solo 48 horas los trámites necesarios para la importación de combustibles. Esta medida también ha permitido que más empresas privadas participen en el abastecimiento a nivel nacional, según lo afirmado por las autoridades de la Comisión Interventora.
En una reciente conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, y el viceministro de Transparencia, Yamil García, informaron que antes de la intervención se habían otorgado únicamente 25 autorizaciones en un periodo de 74 días; sin embargo, en los últimos 46 días se emitieron 57 autorizaciones.
Las autoridades mencionaron que están llevando a cabo evaluaciones y reestructuraciones para mejorar la eficiencia de la ANH y eliminar las barreras burocráticas. Según el informe oficial, en octubre, 22 empresas importaron más de 2,5 millones de litros de combustibles, la mayoría destinados a los sectores agrícola y minero.
Además, 45 operadores privados importaron cerca de 15,5 millones de litros para su venta en estaciones de servicio y otros puntos autorizados. En este contexto, 27 estaciones de servicio han sido habilitadas para vender combustible importado, y 22 de ellas ya están autorizadas para importar directamente.
Controles para frenar el desvío de combustibles
En cuanto a las acciones de control, el ministro Blanco reportó que hasta el 18 de octubre se bloquearon 10.789 placas de vehículos que registraron cargas reiteradas de combustibles, como una estrategia para combatir el desvío y la reventa ilegal. Durante estos operativos, se incautaron 14.097 litros de gasolina y 659 garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), además se detuvo a nueve personas y se secuestraron tres vehículos.
Entre los incidentes más relevantes, se destaca el decomiso de aproximadamente 13.000 litros de gasolina acopiados de forma ilegal en Sucre y la confiscación de 223 garrafas de GLP en la terminal interdepartamental de El Alto. Asimismo, la ANH detectó un cargamento de diésel que contenía niveles excesivos de agua, lo que dio pie a la apertura de acciones legales contra la empresa involucrada.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, recordó que la venta ilegal de combustibles puede llevar a penas de prisión de tres a seis años. Las personas sorprendidas en este tipo de actividades ilícitas pueden ser arrestadas y llevadas ante un juez. Las estaciones de servicio implicadas también enfrentarán medidas administrativas que pueden incluir desde suspensiones temporales hasta la revocación permanente de su licencia.
Las autoridades aseguran que las medidas de control y supervisión continuarán en el país para prevenir el desvío de combustibles y así garantizar un abastecimiento más transparente y eficiente.