Importadores de Estados Unidos y México exigen respuestas a Chile por incautaciones de madera boliviana
Importadores de madera de países como Estados Unidos y México han manifestado su descontento hacia las autoridades chilenas debido a la incautación y destrucción de cargamentos bolivianos en el puerto de Arica. Los compradores cuestionan los análisis realizados que llevaron a estas acciones y piden tener acceso a la documentación técnica, así como la posibilidad de realizar verificaciones independientes.
Durante la visita del presidente chileno José Antonio Kast a Bolivia, la situación fue abordada, aunque no ocupó un lugar destacado en la agenda oficial ni en los informes posteriores. La International Wood Products Association (IWPA), que representa a los importadores de productos madereros, aseguró que los envíos de madera boliviana habían sido revisados en varios países, incluidos Brasil, Perú, Francia, Canadá y Estados Unidos, sin que se hallaran sustancias ilegales, a pesar de las afirmaciones de las autoridades chilenas sobre una gran cantidad de carga sospechosa.
Desde México, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR) expresó que esta disputa afecta a un amplio espectro de empresas, desde compradores hasta distribuidores y navieras. Ambas organizaciones han solicitado la publicación de los resultados de los análisis y el establecimiento de protocolos claros para el muestreo con cadena de custodia y pruebas adicionales.
Este conflicto tiene su origen en junio, cuando la Fiscalía de Arica anunció que se habían incautado más de 1.080 toneladas de madera boliviana, argumentando que parte de esta carga contenía sustancias controladas, como cocaína y ketamina. El fiscal regional, Mario Carrera, defendió esta investigación, mencionando que los análisis del Instituto de Salud Pública confirmaron la presencia de drogas, aunque admitió discrepancias en las concentraciones encontradas.
Los exportadores bolivianos han desafiado estos resultados, indicando que la destrucción de la madera ha impedido realizar análisis independientes sobre el material original. La Cámara Forestal de Bolivia ha calculado que las pérdidas económicas podrían oscilar entre 10 y 15 millones de dólares, mientras otras organizaciones del sector han señalado daños aún mayores y han advertido sobre la posible pérdida de mercados y empleos.
La controversia ha llegado a la Cancillería boliviana, que ha iniciado gestiones diplomáticas para preservar muestras y dar seguimiento a la situación. A pesar de que la madera incautada ya fue incinerada, las autoridades chilenas han indicado que se guardaron contramuestras bajo custodia para futuros análisis.
Este martes 20 de octubre, se llevará a cabo una audiencia de cautela de garantías en el Juzgado de Garantía de Arica, donde las defensas de las empresas involucradas buscarán revisar la legalidad de las acciones tomadas y el manejo de las evidencias. Al mismo tiempo, los exportadores están considerando acciones legales para reclamar compensación por los daños sufridos. La disputa tiene el potencial de extenderse más allá de lo judicial, ya que el sector forestal boliviano demanda mayor transparencia técnica y una solución diplomática que restablezca la confianza entre los compradores internacionales.