Exfiscales Guerrero, Lanchipa y Mariaca no cumplieron con la Ley del Ministerio Público
Ramiro Guerrero, Luis Lanchipa y Roger Mariaca, quienes ocuparon el cargo de fiscales generales del Estado en diferentes periodos, no llevaron a cabo la institucionalización del Ministerio Público como lo estipula la Ley 260, promulgada el 11 de julio de 2012. Esta normativa establece que la designación de fiscales departamentales debe realizarse mediante un concurso público, algo que ellos no respetaron durante sus gestiones.
Durante el tiempo que cada uno estuvo en el cargo, Guerrero y Lanchipa cumplieron seis años, mientras que Mariaca lo hizo por un periodo de un año y once meses. Los tres hicieron uso del artículo transitorio N.º 3 de la Ley 260, que les permitió designar fiscales departamentales a su criterio, lo que ha derivado en un incumplimiento de la ley por un lapso de 14 años.
Guerrero, quien fue el primer fiscal electo bajo la nueva constitución de 2009, fue criticado por no haber transformado el Ministerio Público durante su gestión. A pesar de tener la oportunidad de implementar cambios significativos, su administración fue considerada ineficiente y servil al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Luis Lanchipa, quien asumió el cargo en octubre de 2018, también se amparó en el mismo artículo transitorio para nombrar nuevos fiscales, prometiendo que en el futuro se llevaría a cabo la institucionalización. Sin embargo, su enfoque se limitó a programas de formación y digitalización de procesos, dejando de lado el cumplimiento de la ley.
Por su parte, Roger Mariaca, quien asumió el cargo en 2024, también prometió la institucionalización, pero fue detenido en 2026 por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción dentro del Ministerio Público. Su gestión estuvo marcada por varios casos polémicos que afectaron su credibilidad.
- Incumplimiento de la Ley 260 de institucionalización del Ministerio Público.
- Designaciones de fiscales departamentales sin concurso público.
- Crisis de credibilidad y eficiencia en la gestión del Ministerio Público.
En resumen, la falta de cumplimiento por parte de Guerrero, Lanchipa y Mariaca ha puesto en entredicho la capacidad del Ministerio Público para actuar de manera independiente y efectiva, generando desconfianza en la población respecto a su funcionamiento y su compromiso con la justicia en el país.