Yarhui solicita que no cesen las indagaciones sobre Cerimedo y otros casos
La senadora Tomasa Yarhui hizo un llamado a las autoridades para que no se detengan las investigaciones vinculadas a Fernando Cerimedo, las 32 maletas que ingresaron al país y los 189 kilos de oro, en medio de las controversias que han surgido tras las acusaciones de Estados Unidos hacia el fiscal general, Roger Mariaca, y otros funcionarios del sistema judicial.
Yarhui sugirió la creación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa que incluya a senadores y diputados, con el propósito de investigar las alegaciones que llevaron a la revocación de visas a Mariaca y otros de sus colegas. Además, propuso que estas autoridades se separen temporalmente de sus cargos mientras se llevan a cabo las indagaciones correspondientes.
Con respecto a las 32 maletas, el Ministerio Público aún no ha proporcionado información sobre su contenido, origen y destino. De las 32 maletas, cuatro han sido recuperadas, según lo reportado por la Fiscalía en julio. Los principales implicados, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, están bajo detención domiciliaria.
Acerca del cargamento de oro, se trata de 77 lingotes que suman un peso de 189.5 kilos y tienen un valor que supera los 20 millones de dólares. Adrián Lema Roca, el único detenido en este caso, fue liberado posteriormente, mientras que las investigaciones sobre el origen y los propietarios del oro incautado siguen en curso.
En relación a Fernando Cerimedo, la Fiscalía amplió en septiembre las pesquisas por enriquecimiento ilícito, incluyendo también los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de documento falsificado. Cerimedo ha sido convocado a declarar como sindicado en este proceso.
La solicitud de Yarhui se da en el contexto de un debate más amplio que se ha abierto en la Asamblea Legislativa tras las acusaciones de Estados Unidos contra Mariaca. Se ha convocado a la Asamblea para el 5 de octubre, donde se discutirá la situación de las autoridades judiciales que han sido mencionadas por el gobierno estadounidense.