Solicitan la renuncia del Fiscal General por acusaciones internacionales
Este lunes 28 de septiembre, Diego Ávila y Roberto Castro, presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, solicitaron que el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, se aleje de su puesto ante las acusaciones que han surgido desde Estados Unidos. Según ellos, esta acción es necesaria para asegurar la transparencia y la independencia en el proceso de investigación.
En una conferencia de prensa conjunta, Ávila subrayó que los señalamientos no deben ser considerados como una sentencia, haciendo hincapié en la importancia de contar con información verificada. Añadió que es fundamental activar los mecanismos institucionales para aclarar la situación.
El presidente del Senado, Diego Ávila, argumentó que el pedido de apartamiento busca asegurar que las investigaciones se realicen sin interferencias. "Es esencial que, mientras se esclarezcan los hechos, el Fiscal General no ejerza sus funciones", expresó Ávila, resaltando la necesidad de proteger la independencia del sistema judicial boliviano.
Ambos presidentes también solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que gestione la obtención de toda la información oficial disponible sobre las acusaciones desde EE.UU. para que las instituciones bolivianas puedan conocer el contexto completo de estas denuncias.
Además, Ávila y Castro enviaron un pedido formal al vicepresidente Edmand Lara para que convoque a una sesión urgente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se discutan los mecanismos necesarios para investigar a fondo las acusaciones.
Castro insistió en que la Asamblea no busca anticipar culpabilidades, sino que busca una investigación exhaustiva. "Toda decisión debe estar respaldada por pruebas y un sustento legal", afirmó, resaltando que la justicia debe ser equitativa sin importar el cargo de la persona involucrada.
El planteamiento de los presidentes de las cámaras legislativas podría sentar un precedente en cómo se gestionan las acusaciones internacionales en Bolivia, subrayando la importancia de una respuesta institucional que evite la impunidad y garantice el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Finalmente, Ávila concluyó que Bolivia necesita claridad y transparencia en el manejo de estas acusaciones, enfatizando que se deben respetar los principios del debido proceso y que toda denuncia debe ser investigada sin privilegios ni interferencias.