La Justicia le ordena a un banco restituir casi 12 millones de pesos a una jubilada estafada
El caso de una jubilada de 75 años en La Plata, Argentina, resalta los riesgos de la banca digital, luego de que la mujer perdiera casi seis millones de pesos tras ser víctima de una estafa por phishing. La Justicia ordenó al banco restituirle el dinero sustraído y pagar una compensación adicional.
El incidente ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando la mujer intentó acceder al sitio de su banco a través de Google, pero terminó en una página falsa que se asemejaba mucho a la original. Ingresó sus datos y, tras recibir un código de validación por correo electrónico, terminó autorizando múltiples transferencias que no reconocía.
Las transferencias, un total de seis, fueron por 999.999,99 pesos cada una, y se realizaron de manera casi inmediata, dirigiéndose a cuentas que fueron añadidas como beneficiarias en ese mismo momento. El monto total robado alcanzó los 5.999.999,94 pesos, afectando gravemente los ahorros de la mujer, que incluían cuatro millones en un depósito a plazo fijo.
Luego de detectar el robo, la mujer presentó una queja formal al banco y también realizó una denuncia penal. Sin embargo, al no recibir una respuesta adecuada, llevó el asunto ante la Justicia. El banco defendió su postura afirmando que las transferencias fueron autorizadas correctamente, ya que la mujer había proporcionado sus credenciales de acceso.
La jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 19 de La Plata, tras analizar el caso, determinó que la mujer necesitaba una protección especial debido a su vulnerabilidad como consumidora. Se descubrió que el sistema del banco permitía elevar los límites de transferencias sin controles adecuados, lo que fue considerado una falla significativa.
Entre las irregularidades halladas, la jueza observó que no hubo ningún alerta ante las transacciones que se apartaban de los hábitos de la clienta. Esto, junto con la falta de colaboración del banco en la entrega de documentación durante la investigación, llevó a la decisión de condenar a la entidad a pagar 11.199.999,94 pesos, que incluye el monto robado más intereses y costos del proceso.
La sentencia se centra en la necesidad de que los bancos implementen mecanismos más efectivos para detectar operaciones sospechosas, especialmente en casos donde los delincuentes logran engañar a los usuarios para que entreguen sus datos.