Sectores sociales de Bolivia se oponen al nuevo precio del diésel
El reciente aumento del precio del diésel, que ahora se fija en Bs 17,95 por litro, ha suscitado el descontento de varios grupos sociales. Desde el 19 de septiembre, este nuevo precio está sujeto a cambios derivados de las fluctuaciones en el mercado internacional, lo que ha llevado a un amplio rechazo, especialmente hacia el Decreto Supremo 5716.
La Central Obrera Boliviana (COB) se posicionó en contra de esta decisión y ha convocado a un ampliado nacional de emergencia. Esta reunión incluirá a diversas confederaciones y federaciones, así como centrales obreras de diferentes regiones, con el fin de evaluar la situación y decidir sobre posibles acciones a tomar.
En Chuquisaca, la Central Obrera Departamental (COD) declaró un estado de emergencia y exigió la anulación del Decreto 5716. Según su líder, Marcelo Torres, el incremento en el precio del diésel repercutirá en los costos de transporte y producción, lo que podría llevar a aumentos significativos en los precios de algunos productos de la canasta familiar.
Desde Oruro, la Federación Departamental de Choferes "San Cristóbal", que representa a más de 33.000 afiliados, se manifestó en contra del nuevo costo del diésel y solicitó que la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convoque a una reunión extraordinaria para discutir esta situación. Este sector ha expresado que el aumento de costos puede desencadenar movilizaciones.
Además, la organización FENCOMIN anunció que realizará un ampliado nacional para determinar las acciones a seguir. En Yapacaní, productores llevaron a cabo una protesta al romper y quemar copias del Decreto 5716, convocando a una reunión para evaluar las medidas de presión. En Chuquisaca, el Sindicato Mixto de Transportistas "San Cristóbal" ya ha implementado un ajuste en sus tarifas, fijando precios diferenciados para mayores, personas de la tercera edad, universitarios y escolares.
Por su parte, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia también ha exigido la derogación del decreto y ha hecho un llamado a un ampliado nacional para discutir nuevas acciones de protesta. Mientras tanto, el Gobierno defiende su decisión de eliminar la subvención y ha propuesto un paquete de compensaciones y apoyo productivo para mitigar el impacto de estas medidas.