Gobierno evalúa recortes adicionales a subvenciones tras acuerdo con el FMI
El Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, está evaluando la posibilidad de reducir otras subvenciones estatales, además de ya haber eliminado el subsidio a los combustibles. Esta revisión se da a raíz del acuerdo económico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo firmado establece una política de reducción gradual de las subvenciones y del gasto público, con el objetivo de ajustar el déficit del sector público, considerado uno de los problemas más críticos de la economía del país. En este sentido, se prevé un ajuste fiscal equivalente a alrededor del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029.
Uno de los puntos más delicados es el de los combustibles. Según lo estipulado, los precios internos se mantendrán durante 2026, pero a partir de enero de 2027, se espera que se ajusten hacia niveles que reflejen los costos reales de producción. El presupuesto del Estado para ese año no incluirá recursos para subsidiar estos precios.
Sin embargo, el acuerdo no se limita solo a la gasolina y el diésel. También se contempla la eliminación gradual de controles de precios en otros sectores, como alimentos y energía, así como la necesidad de racionalizar la inversión pública y reducir el gasto estatal, afectando también a empresas públicas que no sean viables financieramente.
El Gobierno sostiene que estas medidas son parte de un programa de estabilización de las finanzas públicas que se extenderá por 36 meses. Este acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de 1.900 millones de dólares, y se espera que facilite la obtención de financiamiento adicional de organismos como el BID y la CAF.
El impacto del ajuste sobre la población es una de las principales preocupaciones, ya que la eliminación de las subvenciones podría trasladar mayores costos por servicios básicos a los consumidores y empresas.
Con la revisión de subvenciones más allá de los combustibles, se abre un nuevo escenario de ajuste que podría tener consecuencias directas en las finanzas de los bolivianos, a medida que el Gobierno busca aliviar la presión sobre las cuentas públicas.