Gobierno interviene YPFB por un periodo de 180 días
El Gobierno ha aprobado la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días, como respuesta a las deficiencias detectadas en sus operaciones. Esta medida busca mejorar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
La disposición está contenida en el Decreto Supremo 5697, que fue emitido el 1 de septiembre. Este decreto no solo establece la intervención, sino que también crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, encargada de vigilar la gestión de YPFB durante este periodo.
El plazo de intervención puede extenderse excepcionalmente una vez por hasta 90 días más, si así lo determina el Ministro de Hidrocarburos, en caso de que persistan los problemas que llevaron a esta medida. En cambio, la intervención puede finalizar antes de los 180 días si se logran superar las dificultades.
Las justificaciones para esta intervención se basan en las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que ponen en riesgo el interés público y la seguridad energética del país.
Composición de la Comisión de Intervención
La Comisión de Intervención estará conformada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, así como por el Viceministro de Transparencia. Su labor se centrará en la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre sus responsabilidades, la comisión deberá recomendar auditorías técnicas a la cadena logística para detectar irregularidades como el contrabando o el desvío de combustible, y establecer las responsabilidades del personal implicado. También podrá sugerir la incorporación de expertos y otros profesionales que ayuden en la tarea.
La intervención no implica la eliminación de YPFB ni alterará su estructura institucional. Sin embargo, el personal de la compañía deberá colaborar con la comisión, proporcionando la información solicitada en tiempo y forma; de lo contrario, podrían enfrentar sanciones administrativas o penales.
Finalmente, se ha estipulado que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que los gastos serán cubiertos por los presupuestos existentes de las entidades que formen parte de la comisión.