El Decreto Supremo 5693 y su Impacto en el Sistema Financiero
Recientemente, el Gobierno liderado por Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo 5693, que introduce medidas excepcionales y temporales para las entidades financieras que, hasta el 31 de julio de 2026, enfrenten dificultades para mantener sus niveles de solvencia. La intención del decreto es prevenir un deterioro mayor en la situación financiera y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen estas instituciones.
Uno de los aspectos más controversiales de esta norma es la utilización temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, instaurado en 2026 y alimentado por el 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de los bancos PYME. Este fondo tenía como propósito facilitar el acceso al financiamiento, incluyendo garantías para vivienda social y créditos destinados a la producción.
Con el nuevo decreto, el fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para las entidades financieras con problemas de solvencia, con una duración máxima de 90 días. Esto implica que los recursos que originalmente estaban destinados a garantizar créditos ahora podrían ser usados para mejorar la situación patrimonial de los bancos.
Este cambio ha generado un debate significativo sobre la salud del sistema financiero. Si algunas entidades requieren un apoyo extraordinario para mejorar su solvencia, esto sugiere que el sistema podría estar enfrentando problemas más serios. Sin embargo, el decreto por sí mismo no confirma la existencia de una crisis bancaria sistémica ni asegura que los fondos cubran créditos incobrables; para ello se necesitaría información adicional de la ASFI y del Gobierno.
La consecuencia política y social de este decreto es clara: el dinero que debería facilitar el acceso a la vivienda y a créditos productivos ahora puede ser utilizado temporalmente para sostener a las entidades financieras. Históricamente, estos fondos fueron diseñados para ayudar a financiar viviendas de interés social, incluso cubriendo parte del aporte propio requerido por los bancos.
Así, la interrogante que persiste es si el Gobierno está realmente protegiendo al sistema financiero para evitar una crisis mayor o si, por el contrario, está sacrificando recursos que deberían ir destinados a la vivienda y a la producción para ocultar los problemas de solvencia de los bancos.