La posibilidad de extender el Estado de Excepción está en manos de la Asamblea

Desde el 20 de junio, Bolivia se encuentra en un Estado de Excepción que fue establecido inicialmente por un período de 90 días. La Asamblea Legislativa ahora se enfrenta a la decisión de si prorrogar esta medida, que ha cobrado relevancia nuevamente debido a los persistentes problemas de abastecimiento de combustibles y la amenaza de nuevas protestas en diversos sectores.

Según el análisis constitucional realizado por Visión 360, la ampliación del Estado de Excepción es viable desde el punto de vista legal, pero requiere la autorización de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Asamblea. Esto está estipulado en la Ley 1740, que permite extender el plazo bajo ciertas condiciones excepcionales.

Este decreto fue implementado por el Gobierno tras semanas de bloqueos que afectaron la movilidad y el abastecimiento en el país. Con esta medida, se restringieron temporalmente derechos relacionados con la circulación y la reunión, además de prohibir los bloqueos de caminos, lo que llevó a la Policía y las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de su cumplimiento.

La situación actual parece volverse más tensa. Si las protestas continúan, junto con el desabastecimiento y la posibilidad de nuevos bloqueos, es probable que el oficialismo considere la extensión de esta medida, que fue una respuesta a una crisis que aún no se ha resuelto por completo.

Queda la interrogante sobre si la prórroga del Estado de Excepción servirá para restaurar la estabilidad en el país, o si más bien indicará que el Gobierno aún no ha logrado atender las causas subyacentes de esta crisis que afecta a la población.

La extensión del Estado de Excepción es una herramienta que se podría utilizar para garantizar la estabilidad en el país, pero también puede ser un síntoma de que no se han resuelto los problemas fundamentales.