Gobierno considera extender el estado de excepción por bloqueos persistentes
El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra analizando la opción de extender el estado de excepción que rige en Bolivia debido a la prolongación de bloqueos y las advertencias de nuevas movilizaciones en contra del Decreto Supremo 5676, que aborda el tema de precios y subvención de combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, mencionó que si las acciones de protesta que impiden la libre circulación persisten, el Ejecutivo podría tomar la decisión de ampliar esta medida excepcional. La intención es evitar que se repitan las situaciones de conflicto que se vivieron en mayo y junio, cuando las protestas causaron severas interrupciones en el abastecimiento de productos esenciales.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, aclaró que extender el estado de excepción no es una de las prioridades en este momento. Afirmó que la medida actual sigue en vigor y que es deber de las autoridades garantizar el cumplimiento de las restricciones, así como imponer sanciones a quienes continúen bloqueando las vías.
El estado de excepción fue declarado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636 y tiene una duración de 90 días, por lo que se espera que finalice el 18 de septiembre de 2026. Cualquier ampliación requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como lo indican especialistas en interpretación constitucional.
El debate sobre la posible extensión del estado de excepción se intensificó a raíz de que diferentes sectores han reactivado los bloqueos y anunciado nuevas movilizaciones. Un punto crítico es el puente San Pablo, ubicado en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores han mantenido su medida de presión por tres días, exigiendo la liberación de detenidos.
Desde la oposición y ciertos legisladores han expresado su desacuerdo con el Ejecutivo, sugiriendo que el Gobierno debería hacer cumplir el estado de excepción que está vigente antes de plantear su extensión. Por otro lado, miembros del oficialismo ya están promoviendo una propuesta para prolongar el estado por seis meses, alegando la posibilidad de nuevos conflictos sociales.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, subrayó que el estado de excepción es una herramienta temporal y no resuelve las causas estructurales de los conflictos. En este sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo y a atender las demandas que podrían desencadenar protestas futuras.
Aún no hay una decisión definitiva sobre la ampliación del estado de excepción, que dependerá de la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como de los procedimientos establecidos para prolongar esta medida.