Bolivia enfrenta una nueva ola de incendios mientras sigue la lucha por abrogar leyes cuestionadas
El país se enfrenta a una alarmante temporada de incendios que ya ha arrasado más de 7.500 hectáreas, especialmente en Tarija y en el Parque Nacional Otuquis. A pesar de la gravedad de la situación, los esfuerzos para derogar las normativas que han sido denunciadas por permitir quemas y desmontes siguen estancados en la Cámara de Diputados.
En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha reportado cerca de 5.000 hectáreas devastadas por el fuego en diversas comunidades. Ante esta crisis, la Gobernación ha declarado emergencia departamental en localidades como Méndez, Uriondo y Cercado. Además, la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades por los incendios.
El incendio más significativo se registra en el Parque Nacional Otuquis, donde se han afectado aproximadamente 2.538 hectáreas. También se han detectado focos de incendio en áreas como Pailón, Porongo y San Matías, complicados por condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes y escasez de agua, lo que dificulta el trabajo de las brigadas de lucha contra el fuego.
Hasta el momento, los reportes indican que las llamas han arrasado más de 7.500 hectáreas en Tarija y Otuquis, mientras se aproxima el periodo crítico de incendios, que generalmente se extiende de julio a octubre. Recientemente, también se han reportado incendios en Liriuni, una zona protegida cercana al Parque Nacional Tunari, mientras que La Paz ha despertado con la presencia de humo en el aire.
La diputada Cecilia Requena, del partido Unidad, ha manifestado su preocupación al señalar que ninguna de las propuestas para eliminar las leyes que facilitan estas prácticas ha avanzado en el proceso legislativo. "Ninguna ley incendiaria ha sido abrogada; todas están estancadas en Diputados", indicó.
Requena destacó que, aunque algunas iniciativas fueron aprobadas en el Senado en la legislatura pasada, no lograron llegar al pleno de la Cámara Baja. Entre estas propuestas se encuentra la Ley 1171, que regula las quemas planificadas y establece sanciones por quemas no autorizadas, pero la abrogación sigue sin avanzar debido a la resistencia de algunos legisladores.
La diputada también puso en duda la eficacia de las multas actuales, afirmando que son tan bajas que algunos infractores prefieren pagarlas como un costo más de la actividad. Además, muchas multas ni siquiera se cobran, lo que agrava el problema.
Entre las normativas que aún permanecen vigentes se halla la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en terrenos comunitarios y pequeños asentamientos, proceso que puede realizarse de manera simplificada. Aunque el Senado aprobó su abrogación en 2024, el proyecto no ha culminado su proceso legislativo y la ley sigue vigente.
Para la diputada, la eliminación de estas leyes no será suficiente sin la implementación de una nueva Ley de Bosques que cierre vacíos legales y ofrezca incentivos para la producción sin fuego. Su propuesta sugiere combinar sanciones más severas con apoyo a prácticas agrícolas sostenibles.
En este contexto, la advertencia de Requena es clara: el cambio climático, las sequías y los vientos pueden agravar la situación. Por ello, enfatiza que la respuesta a los incendios debe ser preventiva, incorporando información, vigilancia comunitaria y colaboración entre diferentes niveles de gobierno. Pero mientras este importante debate permanece paralizado en el Legislativo, el fuego sigue avanzando sobre bosques, áreas protegidas y comunidades.