Lara alza la voz contra el posible tráfico de influencias en el caso Espinoza
El conflicto político entre Edmand Lara, vicepresidente del país, y el exministro de Economía José Gabriel Espinoza se recrudeció este lunes. Esto ocurrió antes de que una Sala Constitucional de El Alto examine el amparo que presentara Espinoza para anular la censura impuesta por la Asamblea Legislativa.
Lara no escatimó en críticas y afirmó que la situación huele a impunidad, sugiriendo que existe un posible tráfico de influencias en el proceso judicial que podría permitir a Espinoza revertir su censura y retornar a su puesto.
El vicepresidente dirigió sus cuestionamientos hacia el vocal Grover Jhon Cori, parte de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, señalando que su hija trabaja en el Banco Central de Bolivia (BCB), que está bajo el Ministerio de Economía. Lara considera que esta conexión genera un conflicto de interés y solicitó su retiro del caso.
"Por respeto a la Constitución, exijo que el vocal se aparte de inmediato de este proceso. Aquí ya no hay confianza posible".
Además, Lara cuestionó la participación de abogados del Ministerio de Economía en la defensa de Espinoza, a quien la Asamblea ya había censurado y que fue destituido por el presidente Rodrigo Paz. El vicepresidente se preguntó con qué autoridad se utilizan recursos del Estado para defender a alguien que ya no ocupa un cargo público.
Lara aclaró que no está en contra del derecho de Espinoza a buscar justicia, sino que critica la aparente manipulación de recursos públicos y la elección de la sala judicial para su caso. "Espinoza tiene todo el derecho de acudir a la justicia, pero no puede distorsionar la ley ni buscar salas amigas para sus intereses personales".
La disputa ha dejado de ser solo un enfrentamiento político, pues ahora involucra al Órgano Judicial y al Ministerio de Economía. Lara demanda transparencia en el proceso y claridad sobre la imparcialidad de quienes tomarán la decisión sobre el amparo de Espinoza.
La atención se centrará ahora en el fallo de la Sala Constitucional, ya que cualquier decisión que permita a Espinoza revertir la censura sin aclarar las dudas planteadas podría derivar en un nuevo escándalo político.