Economista advierte que la nueva Ley de Inversiones podría restringir el control estatal
Martín Moreira, economista y miembro de la Red Boliviana de Economía Política, ha criticado el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su análisis, el experto enfatizó los riesgos que podrían surgir de los mecanismos propuestos, que incluyen estabilidad jurídica y arbitraje internacional.
Moreira argumentó que es fundamental atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para impulsar el crecimiento, crear empleos y enriquecer la economía con nuevas tecnologías. Sin embargo, resalta que estas inversiones deben estar acompañadas de compromisos claros que aseguren que una porción significativa de los beneficios permanezca en el país.
El proyecto de ley está compuesto por 103 artículos y, según Moreira, podría proporcionar garantías a los inversionistas antes de definir nuevas regulaciones para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Este enfoque, según el economista, podría disminuir la capacidad de negociación del Estado en áreas que son vitales para el desarrollo nacional.
Asimismo, Moreira mostró preocupación por la estabilidad jurídica a largo plazo y los procedimientos de arbitraje internacional. Sostiene que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deben limitar la capacidad del Estado de ajustar políticas en materia tributaria, ambiental o de regulación, especialmente cuando surgen nuevas necesidades.
En cuanto a los incentivos fiscales, el economista sugirió que se evalúe el impacto en la recaudación estatal y los beneficios concretos que se obtendrían en términos de empleo, transferencia de tecnología, exportaciones y desarrollo productivo.
Finalmente, Moreira concluyó que la Ley de Inversiones debe centrarse en proyectos que generen empleo formal y promuevan la participación de proveedores nacionales, además de asegurar la protección de los recursos naturales y evitar que la atracción de capital lleve a una rápida transferencia de patrimonio público.